Podemos

Podemos es un firme defensor de la amnistía y mantiene una postura muy crítica frente a la cúpula del poder judicial, a la que acusa de obstaculizar el legislativo por motivos ideológicos. Apoyaría medidas directivas de armonización jurisdiccional para obligar al cumplimiento normativo e impedir dilaciones procesales en los tribunales. Mostraría una alta tolerancia a las fricciones operativas con la normativa presupuestaria europea, priorizando el impacto político y la desjudicialización del conflicto.

Podemos respalda activamente la intervención coercitiva en el mercado inmobiliario, defendiendo topes estrictos a los alquileres, la prohibición de especulación con viviendas turísticas y la expansión del parque público. Sin embargo, su apoyo penalizaría las altas bonificaciones en el IRPF contempladas para los arrendadores, prefiriendo la imposición de sanciones directas e impuestos a viviendas vacías. Aceptaría el plan como paso necesario, pero exigiría endurecer las obligaciones hacia los grandes tenedores.

Respalda el incremento de la autonomía fiscal catalana en coherencia con su defensa histórica de un modelo de Estado plurinacional y descentralizado. Sin embargo, su apoyo técnico está condicionado a que la descentralización de ingresos no debilite la redistribución estatal de la riqueza. Exige que el mecanismo de solidaridad garantice la viabilidad de los servicios públicos y prevenga el dumping fiscal entre autonomías.

Podemos rechaza frontalmente la elección del CGPJ por los propios jueces, argumentando que supone una captura corporativa antidemocrática que perpetúa el sesgo elitista y conservador de la judicatura. Su doctrina promueve el control parlamentario estricto e incluso ha defendido la rebaja de las mayorías legislativas necesarias para forzar la renovación institucional. La propuesta de un sistema puramente interno resulta ideológicamente incompatible con su marco político.

Se opone frontalmente a la intervención operativa de Frontex y a los acuerdos de contención en origen, al considerar que estas medidas perpetúan la externalización y militarización de las fronteras. Aunque apoya conceptualmente la redistribución equitativa para garantizar los derechos de los menores, rechaza el paradigma marcadamente securitario sobre el que se sustenta gran parte de la propuesta. Su doctrina exige priorizar la creación de vías legales y seguras frente a las actuales políticas de disuasión.

La formación apoya activamente la ampliación de la capacidad administrativa mediante el refuerzo de las plantillas públicas y defiende la fiscalización estricta para evitar irregularidades en el sector privado. Sin embargo, mantienen fuertes reticencias respecto a la priorización de las inyecciones de liquidez dirigidas a grandes corporaciones industriales o a una descentralización autonómica que pueda mermar la condicionalidad social de los fondos. Su visión ideológica choca con el enfoque eminentemente mercantil y de absorción empresarial de la tesis.