Euskal Herria Bildu

La formación apoya decididamente el intervencionismo en el mercado inmobiliario, defendiendo los topes estrictos a los alquileres y la persecución del fraude en los contratos de temporada o turísticos. Coinciden plenamente con la dimensión social y anticapitalista del plan, exigiendo siempre el respeto al autogobierno vasco en su ejecución.

El partido respalda ideológicamente la descentralización asimétrica y la soberanía económica de las naciones sin Estado. Al operar su propia comunidad bajo un régimen de concierto económico y cupo, apoyan sistémicamente que Cataluña adquiera un modelo de gestión tributaria equiparable. Su postura es muy favorable en virtud de su defensa del derecho a la autodeterminación institucional.

La formación respalda la delegación competencial hacia los territorios, coincidiendo plenamente con su agenda de gestión descentralizada de los fondos europeos. Apoyan el refuerzo del empleo público administrativo y comparten las advertencias sistémicas sobre los riesgos de financiar macroinfraestructuras de forma precipitada, priorizando la capilaridad hacia microempresas.

EH Bildu respaldó la aprobación de la ley dentro de su marco general de apoyo a la desjudicialización de los conflictos territoriales en España. Dada su posición crítica histórica frente a las altas instancias judiciales españolas, vería con buenos ojos mecanismos que limiten la discrecionalidad de los magistrados para dilatar los procesos. Su posicionamiento sería favorable, aunque su implicación directa en la mecánica del proceso catalán es secundaria.

La coalición independentista vasca mantiene una postura crítica hacia la judicatura española, a la que atribuye un sesgo conservador estructural heredado. Rechazan delegar la elección del CGPJ exclusivamente en la carrera judicial, argumentando que esto favorecería la endogamia y blindaría el poder de las mayorías conservadoras del sector. Prefieren modelos que mantengan el escrutinio de la soberanía popular y parlamentaria.

Respalda el principio de solidaridad interterritorial para la distribución de menores no acompañados como mecanismo de derechos humanos para evitar el hacinamiento. Sin embargo, penaliza fuertemente la propuesta debido a su rechazo a la militarización fronteriza, la intervención de Frontex y los acuerdos de contención con países de origen.