Junts per Catalunya

Junts exige la aplicación integral y automática de la amnistía, denunciando de manera reiterada la existencia de resistencias y bloqueos por parte de la cúpula judicial española. Avalaría de manera decidida cualquier instrucción de armonización que fuerce el sobreseimiento en bloque de las causas y evite la dilatación judicial individualizada. La solución de agilización se alinea directamente con su exigencia política de neutralizar la discrecionalidad de los tribunales internos.

La asunción del 100% de la gestión y recaudación tributaria mediante un concierto económico es una de las reivindicaciones estructurales de la formación. Aunque mantienen exigencias estrictas respecto a la minimización o eliminación de la cuota de solidaridad, el núcleo de la transferencia de competencias impositivas se alinea con su proyecto político. Avalan firmemente la salida del régimen de financiación común.

Junts defiende férreamente la territorialización de los fondos y aprueba la estandarización de procesos que beneficien a las pymes, habiendo criticado fuertemente el centralismo burocrático de los PERTEs. Concuerdan con ceder el diseño de bases a las autonomías para maximizar la eficacia. Sin embargo, el mantenimiento de una estricta fiscalización estatal ex ante podría generarles reticencias por limitar la agilidad ejecutiva.

Se opone frontalmente a la imposición de cuotas vinculantes dictadas por el Estado, argumentando que los servicios de acogida catalanes ya se encuentran tensionados. La formación condiciona cualquier reforma en esta materia al traspaso integral de las competencias de inmigración a la Generalitat, rechazando el modelo de gobernanza multinivel propuesto.

Junts desconfía profundamente del estamento judicial debido a los procesos abiertos contra sus líderes, acusando a la judicatura de persecución política. La implementación de un sufragio corporativo entregaría el control del órgano a las principales asociaciones judiciales de corte conservador, percibidas como abiertamente hostiles a sus intereses políticos. En consecuencia, rechazan una reforma que elimine el contrapeso del poder legislativo frente al sesgo ideológico interno de los magistrados.

Junts mantiene una posición reticente frente a los topes de rentas del 3% y a la hiperregulación, argumentando que estas medidas contraen la oferta disponible y penalizan al pequeño propietario. Adicionalmente, se oponen a cualquier arquitectura institucional estatal que suponga una centralización o injerencia en sus competencias autonómicas sobre vivienda.