Esquerra Republicana de Catalunya

Esta formación es la principal promotora de la soberanía fiscal para Cataluña y de la recaudación integral de tributos a través de la Agencia Tributaria de Cataluña. Identifican este modelo singular como un paso estructural imprescindible hacia la independencia y una solución directa al déficit fiscal histórico. La propuesta coincide con la base de sus recientes negociaciones y acuerdos bilaterales con el Gobierno central.

Como promotor clave de la Ley de Amnistía, ERC defiende su aplicación inmediata, generalizada y sin demoras procedimentales. Apoyaría la centralización de criterios y la aceleración de los sobreseimientos, al percibir la revisión individualizada de los jueces como una táctica de bloqueo procesal. Su prioridad es la exoneración rápida de los encausados, priorizando este objetivo sobre las posibles objeciones técnico-administrativas comunitarias.

ERC es un promotor histórico de las políticas de contención de rentas, la regulación estricta de viviendas turísticas y la ampliación del parque público habitacional. Su apoyo a este plan sería muy alto, condicionado únicamente a que los entes estatales de vigilancia no invadan las competencias exclusivas de la Generalitat.

ERC apoya decididamente la descentralización estratégica hacia las Comunidades Autónomas, una exigencia histórica para adaptar los fondos al tejido productivo catalán. Valoran positivamente el incremento de la capacidad administrativa y el fortalecimiento del sector público. Su único recelo estribaría en la rigidez que perpetúa el mantenimiento ineludible del control ex ante del Estado central.

ERC percibe a la cúpula judicial española como un estamento predominantemente conservador y beligerante contra el movimiento independentista. Se oponen a un sistema de elección puramente corporativo porque consideran que eliminaría la legitimidad democrática del parlamento y consolidaría el monopolio de las asociaciones conservadoras. Para esta formación, el corporativismo judicial agravaría las dinámicas que ellos denuncian como 'lawfare'.

Se opone al enfoque securitario del despliegue de Frontex y a las políticas de externalización de fronteras en terceros países por considerarlas contrarias a los derechos fundamentales. Aunque está a favor de mecanismos de solidaridad para la acogida, exige que cualquier sistema de reparto respete estrictamente las competencias autonómicas y garantice financiación estructural y sostenida.