Sumar

La coalición mantiene una postura fuertemente intervencionista frente a la crisis habitacional, defendiendo por convicción el establecimiento de topes estrictos a las rentas y la limitación de las viviendas de uso turístico. El plan se alinea casi por completo con su agenda legislativa, la cual busca frenar la financiarización del mercado e impulsar la creación de un parque de vivienda pública masivo. Validarían plenamente la propuesta, aunque históricamente tienden a exigir restricciones aún más severas para los grandes tenedores.

Como socio del gobierno de coalición, Sumar defiende el uso de los fondos europeos como motor de transición económica con una fuerte intervención estatal. Apoyaría firmemente la estrategia de aumentar la capacidad de gestión mediante la contratación de más personal público y favorecería la descentralización hacia las comunidades autónomas. Asimismo, avalaría el mantenimiento de controles estrictos (como el principio DNSH) para garantizar el rigor normativo y evitar riesgos macro-fiscales.

La coalición defiende un modelo de Estado plurinacional y ha respaldado activamente los acuerdos políticos para dotar a Cataluña de una financiación singular como vía para la normalización institucional. Consideran que esta medida encaja en su visión federalista y en la necesidad de una mayor descentralización fiscal. Aunque existen debates internos entre sus distintas confluencias regionales sobre los mecanismos de solidaridad y el impacto en el resto de territorios, la posición de la dirección y su núcleo catalán es de claro apoyo.

Sumar sostiene que la legitimidad del poder judicial debe emanar de la soberanía popular, defendiendo la participación del Parlamento para asegurar la pluralidad social en el CGPJ. Esta coalición rechaza frontalmente que los jueces elijan a sus propios vocales, argumentando que dicho modelo fomenta la endogamia corporativa y perpetúa un sesgo conservador mayoritario en la cúpula judicial. Por consiguiente, se opondrían a una reforma que suprima la intervención del poder legislativo en las designaciones.

Aunque Sumar es firme promotor de la Ley de Amnistía como herramienta de integración política, la solución estratégica propuesta presenta graves incompatibilidades normativas institucionales. Como socio de gobierno, la formación no respaldaría la vulneración explícita de la independencia judicial ni la desviación irregular de fondos comunitarios vinculados a la digitalización. Su apoyo al objetivo general de normalización y descongestión procesal no se extendería a métodos que amenacen la recepción de fondos del NextGenerationEU y provoquen sanciones europeas.

La coalición apoya firmemente la modificación de la Ley de Extranjería para establecer cuotas vinculantes de reubicación interterritorial que descongestionen Canarias y garanticen la protección de los menores. Sin embargo, su adherencia a la propuesta global es baja debido a su rechazo a la externalización de fronteras y al despliegue operativo de Frontex. Argumentan que los acuerdos de contención en origen y la securitización fronteriza vulneran frecuentemente los derechos humanos y el derecho internacional de asilo.