Vox

Vox ha defendido sistemáticamente la despolitización del CGPJ mediante el modelo en el que los propios jueces eligen a sus doce vocales de extracción judicial. La propuesta se alinea directamente con sus exigencias históricas para erradicar el sistema de cuotas parlamentarias y garantizar la independencia corporativa. Su único punto de fricción podría radicar en la desconfianza técnica hacia las vulnerabilidades del sistema de voto telemático.

Vox rechaza frontalmente la Ley de Amnistía por considerarla inconstitucional y un ataque directo al Estado de Derecho. Se opondría radicalmente a cualquier estrategia organizativa orientada a acelerar su aplicación o eludir el escrutinio judicial estricto. Además, denunciaría la armonización jurisprudencial condicionada como una injerencia inaceptable y una vulneración flagrante de la independencia judicial.

Vox defiende la recentralización política de España y la supresión del Estado de las Autonomías, oponiéndose frontalmente a cualquier cesión de soberanía fiscal. Consideran que un modelo de financiación singular para Cataluña rompe el principio de igualdad entre ciudadanos y amenaza la unidad nacional. Su rechazo a la propuesta es absoluto por ser incompatible con su doctrina fundacional.

Vox rechaza frontalmente la intervención estatal en el mercado inmobiliario, considerando que la limitación de precios y las cuotas turísticas vulneran el derecho a la propiedad privada. Su doctrina prioriza la liberalización del suelo y la seguridad jurídica para los propietarios frente a las regulaciones restrictivas y burocráticas.

Rechaza categóricamente la reforma legal para el reparto obligatorio de menores no acompañados, exigiendo en su lugar la repatriación inmediata y el cierre de los centros de acogida. Aunque apoya el control fronterizo estricto, su oposición frontal a la redistribución territorial de migrantes hace incompatible su apoyo a esta estrategia.

Vox rechaza frontalmente la propuesta por su enfoque en descentralizar el diseño de convocatorias hacia las Comunidades Autónomas, siendo un partido fuertemente centralista. Además, se opone al aumento del gasto público para la contratación masiva de personal administrativo interino. La cesión de competencias regionales y el engrosamiento del aparato burocrático chocan directamente con su ideología estructural.